Bolsillos que sangran: tarifazos reloaded

Resignados a un nuevo año de suba de tarifas, este mes los argentinos comienzan a padecer la amargura de un desagradable desafío que ya conocen: buscar un nuevo modo de pilotear la problemática de los aumentos, que llegan con cifras muy difíciles de afrontar.

El discurso del oficialismo sigue siendo el mismo: “no se incrementarán más que los salarios”. Pero en los hechos, esta premisa sigue sin cumplirse, y la soga al cuello se siente cada vez más fuerte.

El nuevo acuerdo sellado entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional, para refinanciar una deuda cercana a 45.000 millones de dólares contraída por el Gobierno anterior, expone un plan para estabilizar una economía quebrada hace años y, por lo tanto, habrá que cumplir ciertos requisitos establecidos por el organismo.

Entre los puntos principales, se encuentra la reducción del déficit fiscal, que deberá irá acompañada de un crecimiento real. “Hemos trazado una estrategia plurianual de consolidación fiscal en la que se ha fijado como meta un déficit primario de 2,5 por ciento del PIB en 2022, que se reducirá a 1,9 por ciento del PIB en 2023, y a 0,9 por ciento en 2024”, dice el texto oficial.

Asimismo, el acuerdo propone lograr “niveles de tarifas razonables y susceptibles de ser aplicadas con criterios de justicia y equidad distributiva para los servicios públicos de gas y electricidad”. Una verdadera utopía, teniendo en cuenta que ya al día de la fecha, este gasto absorbe gran parte de los salarios.

La novedad es la modificación de los subsidios: se diseñó un nuevo esquema para los consumidores residenciales “de manera que podamos focalizar las revisiones de los precios mayoristas de la energía en aquellos usuarios que, en base a criterios objetivos, posean mayor capacidad de pago”. La eficacia de este punto es completamente incomprobable, ya que en los ajustes tarifarios de los últimos años - incluso en la era macrista-, las empresas energéticas estuvieron tan confundidas y perdidas en el lodo de estos cambios, que hubo millones de reclamos de personas a las que se les facturó de manera incorrecta, y se vieron obligadas a desembolsar importes que no les correspondían. De modo que la pregunta sería: ¿las empresas del sector están capacitadas para llevar a cabo las adecuaciones sin caer en estos errores?

La segmentación para 2022-2023 considera tres niveles: usuarios que dejarán de ser beneficiarios de subsidio al consumo energético en función de su plena capacidad de pago; beneficiarios de la tarifa social para quienes el incremento para cada año calendario será equivalente al 40 por ciento del CVS del año anterior; y para el resto de los usuarios la suba total en la factura para cada año calendario será equivalente al 80 por ciento del CVS correspondiente al año anterior.

Otro punto del acuerdo es la baja inflacionaria, con la que el Gobierno no es capaz de lidiar. Para lograr ese objetivo, se precisará “un programa integral de políticas económicas. Un pilar importante será contar con un sendero fiscal y de financiamiento que sea sostenible y que ayude efectivamente a reducir sin demora el financiamiento del presupuesto por parte del banco central”. ¿Qué es lo que nos hace creer que esta vez la gestión de Alberto Fernández podrá lograr lo que no pudo -o no quiso- en estos dos años?

Por supuesto que esto no es todo, ya que en este país las malas sorpresas abundan, y se suman otras oscuras pinceladas a este cuadro desalentador: el mes pasado, el Gobierno autorizó a las empresas de medicina prepaga un aumento de hasta el 12 por ciento en dos cuotas, que se harán efectivos en marzo y abril.

Además, las tarifas de telefonía de celular continuarán en aumento, luego de promediar subas del 47 por ciento el año pasado, las cuales sobrepasaron los topes estipulados por el Enacom. Este mes, las compañías comenzaron a aplicar incrementos que, en algunos casos, alcanzan el 16 por ciento.

Por otro lado, llevar comida a la mesa es cada vez más costoso. En febrero, los aumentos de alimentos volvieron a crecer más que el nivel general de inflación, llegando al 4,6 por ciento, con particular presión de alimentos frescos como carnes y verduras. Además, hubo aumento de combustibles del 9 por ciento y las cuotas de los colegios privados se disparan nuevamente.

¿Hasta cuándo, señor Presidente de la Nación de turno, vocero e instrumentador del mandato populista? 

Editorial Agencia Nova